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Abogados de los indigentes
 

Los demandados acusados de algún delito (salvo las infracciones menores que no llevan encarcelamiento), que no tienen la posibilidad económica de contratar a un abogado para representarlos, tienen derecho de tener un abogado pagado por el estado. El secretario o el juez del juicio asignará a un abogado local para representar al acusado cuando se determine que éste es indigente. Los honorarios y gastos necesarios de los abogados así asignados son pagados por el estado.

En once distritos - Distrito 3A (condado de Pitt), 3B (condado de Carteret), 12 (condado de Cumberland), 14 (condado de Durham), 15B (condados de Orange y Chatham), 16A (condados de Scotland y Hoke), 16B (condado de Robeson), 18 (condado de Guilford), 26 (condado de Mecklenburg), 27A (condado de Gaston) y 28 (condado de Buncombe) - se ha reemplazado el sistema de los abogados asignados por uno de defensores públicos. El defensor público es un abogado a tiempo completo, pagado por el estado, cuya única función es representar a los acusados indigentes en casos penales. La oficina del defensor público generalmente representa a casi todos los acusados indigentes del distrito, aunque de vez en cuando todavía se asignan algunos abogados privados a representar a los indigentes. Los defensores públicos son nombrados para mandatos de cuatro años por un juez residente mayor de los tribunales superiores conforme a designaciones escritas del colegio de abogados del distrito. Ya que los distritos rurales tienen un volumen relativamente bajo de causas, el sistema del defensor público probablemente no se establecerá en esos distritos.

En 1981, empezó a funcionar la Oficina del Defensor para Apelaciones, que es financiada por el estado. Es responsabilidad de la oficina del defensor para apelaciones prestar servicios para los procedimientos de apelación de las personas indigentes que apelan sus sentencias al Tribunal de Apelaciones o a la Corte Suprema.

El estado también proporciona un asesor especial en cada uno de los cuatros hospitales psiquiátricos del estado para representar a los pacientes durante los procedimientos de internación involuntaria.

Para todos los servicios de representación de indigentes durante 1995-96, el estado gastó más de $49 millones de dólares, que representó un 17%, aproximadamente, de los desembolsos totales del Poder Judicial en ese año.

 
 
 
   
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