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Tribunales de Distrito
 

El estado se ha dividido en treinta y nueve (39) distritos para los tribunales de distrito. Al igual que los tribunales superiores, los tribunales de distrito tienen su sede en la ciudad cabecera de cada condado. También pueden sesionar en ciertas otras ciudades y pueblos con la autorización específica de la Asamblea General. Casi todos los condados tienen sólo una sede de tribunal, pero algunos tienen varias. En la actualidad hay cuarenta (40) sedes adicionales.

Jueces

Los jueces de los tribunales de distrito, al igual que los jueces de los tribunales superiores y de apelación, sirven a tiempo completo y se les prohibe ejercer la abogacía de manera privada. Cada distrito tiene de uno a catorce jueces, dependiendo de la población y la geografía. Hay 204 jueces en los tribunales de distrito del estado. El Presidente de la Corte Suprema designa a un juez de cada distrito para ser el juez decano del tribunal de distrito. Las responsabilidades del juez decano del tribunal de distrito incluyen: la asignación de todos los jueces de distrito a las diferentes sesiones; la prescripción de las horas y los lugares en que los magistrados ejercerán sus funciones; la asignación de los casos civiles (de menor cuantía) a los magistrados; y, junto con otros jueces decanos de los tribunales de distrito, la promulgación de itinerarios para infracciones menores de tránsito y de navegación, infracciones contra la fauna silvestre y la pesca marina, infracciones durante la recreación en los parques estatales e infracciones que tratan con bebidas alcohólicas y el botado de basuras, para los cuales los magistrados y secretarios del tribunal pueden aceptar comparecencias por escrito, renuncias a juicios y declaraciones de culpabilidad.

Magistrados

Los magistrados para cada condado son designados por períodos de dos años por el juez mayor de los tribunales superiores, después del nombramiento por el secretario del tribunal superior. La ley establece el número máximo y mínimo de magistrados que se permite por condado; en la actualidad, hay unos 690 magistrados en el estado. Los magistrados son funcionarios de los tribunales de distrito y están sujetos a supervisión por el juez decano de los tribunales de distrito en materia judicial y por el secretario del tribunal en materia administrativa. Algunos trabajan cuarenta horas por semana, otros menos, según lo determine el juez decano de los tribunales de distrito en consulta con la Oficina Administrativa de los Tribunales. El estado paga los sueldos de ellos, los cuales se basan en el tiempo que han servido y en las horas trabajadas por semana. Si la cuota mínima de magistrados en un condado (nunca menos de uno) resulta ser inadecuada, la Oficina Administrativa de los Tribunales (AOC), conforme la recomendación del juez decano de los tribunales de distrito, podrá autorizar magistrados adicionales dentro de una cuota máxima por condado, siempre y cuando existan fondos.

Jurisdicción

La jurisdicción de los tribunales de distrito es algo complicada y se puede explicar de manera clara solamente si se hace referencia a ambas divisiones de estos tribunales de primera instancia, incluyendo la de la magistratura. Es más, para mayor conveniencia, se deberá considerar la jurisdicción en cuatro categorías: civil, penal, menores y magistratura.

Civil. Con la excepción de la jurisdicción original y exclusiva del secretario del tribunal superior sobre materias testamentarias y la adminis-tración de los caudales hereditarios de los difuntos, la jurisdicción civil corre paralelamente entre las divisiones de los tribunales superiores y los de distrito con respecto a los Tribunales Generales de Justicia. Pero la División de Tribunales de Distrito es la división apropiada para casos que tratan con cantidades monetarias disputadas de $10,000 o menos, y la División de Tribunales Superiores es la apropiada para casos que tratan con cantidades monetarias disputadas de más de $10,000. Normalmente, se sigue esta división de los $10,000, pero si por razones de rapidez o conveniencia, las partes se ponen de acuerdo, los casos pueden entablarse y juzgarse en la división "inapropiada". Por lo tanto, nunca se rechaza un caso por falta de jurisdicción, aunque un caso podría ser transferido a la división apropiada.

Las excepciones a esta regla general de la división apropiada, surgen en categorías específicas de ciertas materias. Por ejemplo, asuntos civiles de relaciones familiares (divorcio, custodia y manutención de hijos) son asuntos que se deberían tratar en un tribunal de distrito, mientras que el tribunal superior es el foro apropiado para materias constitucionales, procedimientos especiales, acciones de dominio eminente, liquidación judicial de sociedades anónimas y la reconsideración de algunas decisiones de las dependencias administrativas. Los casos civiles que tratan con cantidades de no más de $3,000, bajo ciertas condiciones, pueden ser asignadas a la magistratura para acciones de "menor cuantía". Se puede solicitar un jurado para un caso civil ante un juez de los tribunales de distrito, pero no ante un magistrado. Por lo general, las partes están representadas por abogados en los tribunales de distrito, pero las partes se representan ellos mismos ante los magistrados. No obstante, la ley de Carolina del Norte no prohibe a los abogados representar a sus clientes en los casos de menor cuantía y permite a las partes que se representen ellos mismos (eso se llama una comparecencia pro se) en cualquier tribunal del estado.

Penal. La jurisdicción penal de los tribunales de distrito es menos complicada. Puesto que los casos de delito mayor deben ser juzgados en los tribunales superiores, los tribunales de distrito tienen autoridad, en esos casos, de conocer solamente las comparecencias preliminares para determinar si existe causa razonable para transferir al acusado al Gran Jurado (o Jurado Inculpatorio) para que éste endose la acusación formal y lo enjuicie en un tribunal superior. En los casos de delito menor, el tribunal de distrito tiene jurisdicción original exclusiva que comparte con la magistratura en casos de delitos menores de poca importancia. Todo juicio de un caso penal en el tribunal de distrito es siempre sin jurado.

Menores. Los tribunales de distrito también tienen jurisdicción sobre los asuntos que tratan con menores. Estos casos tratan con jóvenes de menos de dieciséis (16) años de edad que son "delincuentes" o "indisciplinados" y jóvenes de menos de dieciocho (18) años de edad que son "dependientes", "abandonados" o "abusados". Los procedimientos que tratan con los jóvenes que podrían caer dentro de una de estas categorías estatutarias, se inician por petición (en vez de por orden de detención o arresto que es lo que se usa en el caso de los adultos) y la audiencia realizada por el juez puede ser menos formal que en el caso de los adultos. No obstante, se nombran abogados para representar a los menores durante dichas audiencias.

Magistratura. La jurisdicción de la magistratura es tanto civil como penal. La autoridad del magistrado en materia penal se limita a: (a) aceptar declaraciones de culpabilidad cuando los delitos son menores y declaraciones de responsabilidad cuando son infracciones; (b) aceptar renuncias a un juicio y declaraciones de culpabilidad para infracciones menores de tránsito y de navegación, infracciones contra la fauna silvestre y la pesca marina, infracciones durante la recreación en los parques estatales e infracciones que tratan con bebidas alcohólicas y el botado de basuras; y (c) aceptar renuncias a un juicio y declaraciones de culpabilidad en casos de cheques sin fondos, cuando el cheque es de $2,000 o menos. Con la autorización específica del juez decano de los tribunales de distrito, el magistrado también puede conocer casos y registrar una pena cuando alguien se declara no culpable en el caso de un cheque sin fondos, cuando éste es por $2,000 o menos. Pero muy pocos magistrados han recibido autorización para juzgar casos de cheques sin fondos cuando alguien se declara no culpable. El magistrado también emite órdenes de detención o arresto, así como de registro y establece el monto de las fianzas.

Para las infracciones menores de tránsito y de navegación, infracciones contra la fauna silvestre y la pesca marina, infracciones durante la recreación en los parques estatales e infracciones que tratan con bebidas alcohólicas y el botado de basuras, se establecen multas para cada infracción por adelantado de acuerdo a una lista uniforme para todo el estado, promulgada por los jueces decano de los tribunales de distrito, de modo que el magistrado no tiene discreción ni en el juicio ni en la imposición de penas en estos tipos de casos. Esto también asegura que toda persona acusada de la misma infracción pagará la misma multa en todo el estado. En un 39%, aproximadamente, de todos los delitos menores de tránsito y de infracciones (unos 519,000 casos), las personas renuncian a un juicio en el tribunal. Y en los casos que no tratan con vehículos motorizados, se renuncia al juicio en un 8%, aproximadamente, de los casos (50,000). El magistrado o secretario fija la multa de acuerdo con la lista uniforme. En otro 1% de los delitos que no tratan con vehículos motorizados (7,000 casos), los demandados se declaran culpables ante un magistrado.

En casos civiles, el magistrado tiene autorización de juzgar casos de menor cuantía que tratan con valores monetarios hasta de $3,000, así como juicios sumarios de desalojo (cuando el arrendador desahucia a un inquilino o arrendatario), que el juez decano de los tribunales de distrito pudiera asignar. Durante el año fiscal 1996-97, los magistrados dispusieron 271,977 casos civiles. Usualmente, las partes no están representadas por abogados y se siguen procedimientos sencillos para el juicio. El juicio es siempre sin jurado. La decisión del magistrado tiene el mismo efecto que la de un juez de distrito y se coloca dicha decisión en los archivos del secretario del tribunal superior. Toda apelación de la magistratura al tribunal de distrito significa un juicio completamente nuevo para la parte apelante.

Aparte de conocer los casos de menor cuantía, los magistrados tienen la autorización de desempeñar varias funciones administrativas o cuasijudiciales que antes eran ejercidas por los jueces de paz. De éstas, la ceremonia del matrimonio es la más común. El magistrado es el único funcionario civil en el estado que puede casar a una pareja. Otras funciones autorizadas de los magistrados incluyen asignar un pago anual a un cónyuge que ha sobrevivido al otro, hacer prestar juramento, verificar las presentaciones en juicio que se formulan y aceptar reconocimientos (notarizaciones) de instrumentos legales.

 
 
 
   
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